González sostiene que el año culminaría en las mismas condiciones en las que terminó 2009 si no hubiera consolidado su vínculo y se hubieran presentado en Corrientes diputadas nacionales que abrieron debate sobre la trata de niños en la legislatura local y llevaran un reclamo al presidente del Superior Tribunal de Justicia.
El abogado espera que la Corte solicite a los juzgados en los que se tratan casos bajo su patrocinio expedientes sobre los que acusa que existen irregularidades para que ejerza en carácter de Superintendencia.
"Los padres están con mucha expectativa, puntualmente para saber lo que ocurre en el Juzgado N 12; ellos reclaman la entrega de sus chicos y quieren explicaciones", dice.
González, no obstante, anticipa que irá a la justica por otros casos en Curuzú Cuatiá y San Cosme que a su visión agregan evidencia sobre cómo opera la red de trata de personas en Corrientes.
"Hay localidades donde recibimos denuncias anónimas; ahora tratamos de que las víctimas se sientan contenidas porque sin constantemente amenazados y tienen miedo", señala.
González sostiene que los poderes en el Estado deben comprender que las denuncias que promueven vienen de una ONG, por lo tanto, que son los tribunales los que deben ordenar recoger evidencia.
El abogado posiciona a la entidad como una organización social dispuesta a articular con el Ministerio Público. "No somos fiscales", remarca.
